La Guardia Civil, ha desarticulado una organización criminal, dedicada al robo de cable de cobre por distintos puntos de la geografía nacional. Han sido detenidas diecinueve personas e investigadas otras veintitrés por supuestos delitos contra el patrimonio por robos con fuerza y receptación, así como delitos contra el medio ambiente.

Se inicia la investigación en el mes de febrero, de forma coordinada por agentes de Equipos ROCA de las Comandancias de la Guardia Civil de Jaén y Valladolid, tras localizar un gran vertido de fundas de cableado de cobre en un paraje ubicado en el término municipal de Úbeda (Jaén), y paralelamente con la interceptación de varios vehículos, dos en las proximidades de Valladolid y un tercero en Úbeda, cargados con un total de 5.000 kilogramos de cableado de cobre sustraído, utilizando “vehículos lanzadera” para alertar de los posibles controles policiales, saldándose con la detención de cinco personas.

El desarrollo de la investigación reveló que detrás de estos hechos, existía una organización criminal, asentada en la provincia de Córdoba, perfectamente estructurada y especializada en el robo de cableado de cobre, que se desplazaban por todo el territorio nacional.

La organización alquilaba furgonetas por periodos de 24 a 48 horas, con origen en la provincia de Córdoba, utilizadas para desplazarse hasta otras provincias del territorio nacional, donde recogían el material robado por otros miembros de la organización, llegando a recorrer hasta más de 1.000 kilómetros diarios. Los investigadores observaron que estas furgonetas tenían una parada prolongada con el cableado robado, en un punto intermedio, antes de su vuelta al lugar de origen, concretamente en un cortijo ubicado en una finca de la localidad de Úbeda, donde la organización contaba con infraestructura y maquinaria para la preparación del cobre, separando las vainas sobrantes del cableado sustraído. Los desechos de este proceso eran transportados al anochecer hasta un paraje apartado donde eran vertidos.

Este cortijo también era usado como vivienda de transeúntes, para el descanso de los conductores de las furgonetas, que circulaban por todo el territorio nacional transportando el material robado hasta esta localización.

Finalmente, el cobre una vez separado del cableado y sin marcas de trazabilidad que pudieran determinar su procedencia, era transportado por un camión de grandes dimensiones, desde la finca de Úbeda, hasta una empresa de reciclados, ubicada en la provincia de Granada, que compraba el cobre de forma ilícita, recepcionándolo sin asentarlo en los registros de entrada. El cobre era procesado en la planta de reciclado, construida específicamente para el tratamiento de este tipo de cableado, quedando listo para su uso. Para posteriormente ser trasladado y distribuido por otras empresas de transporte nacionales e internacionales.

La explotación de esta operación, se ha saldado con la entrada y registro, autorizado judicialmente, en la finca y cortijo donde se llevaban a cabo las labores de preparado del cobre, interviniéndose maquinaria para su procesado, sacas con desechos de vainas y aproximadamente 2.000 kg de cobre pelado de telefonía.

Han sido puestos a disposición de la autoridad judicial un total de 42 personas por su vinculadas con esta organización criminal, inculpadas por supuesto delitos relacionados con el robo de cable de cobre, concretamente 19 en calidad de detenidos y 23 investigados, en las provincias de Jaén, Valladolid, Córdoba y Granada.

Resultando intervenidas y recuperadas multitud de herramientas y un total de 8.200 kg de cobre sustraído, esclareciéndose 34 hechos delictivos cometidos por esta organización.

La investigación ha sido llevada a cabo de forma conjunta y coordinada en el marco de las operaciones denominadas “COARIZA-GAROFARO”, desarrolladas por los Equipos ROCA de Baeza y ROCA de Valladolid, pertenecientes a las Comandancias de Guardia Civil de Jaén y Valladolid respectivamente.

Estas actuaciones se enmarcan dentro del Plan Nacional contra el Robo de Cobre, cuyo objetivo principal es prevenir, detectar y perseguir de forma coordinada los delitos relacionados con la sustracción de metales, especialmente cobre, que afectan gravemente al funcionamiento de infraestructuras críticas como redes de telecomunicaciones, transporte, suministro eléctrico y servicios públicos esenciales.