El dueño de un gimnasio, de 69 años, se enfrenta a 21 años de cárcel por agredir sexualmente de forma continuada, durante doce años, de una menor a la que le daba clases de karate. De hecho, tal y como indica el escrito del Ministerio Fiscal recogido por Europa Press, los abusos comenzaron en 2004 cuando la menor tenía 8 años y se extendieron hasta que se convirtieron en agresiones sexuales que denunció la propia joven cuando ya era mayor de edad.

La menor acudía al gimnasio desde que tenía 4 años ya que entre el acusado y la familia de la niña existía desde el principio «una relación muy estrecha». El acusado, según señala Fiscalía, llamaba a la niña «mi preciosa» y al inicio «aprovechaba cualquier ejercicio para cogerla del culo en presencia el resto de compañeros haciéndole caricias y abrazándola».

Así, la relación con la menor «se hacía cada vez más estrecha» hasta que ella llevó a ver a su profesor de karate «como un mentor en todos los aspectos, llegando a idolatrarlo». El acusado pedía a la niña que no contara nada de lo que hacían puesto que «la gente no lo entendería» y era «un secreto que se tenía que llevar a la tumba».

El acusado, «aprovechando esa posición dominante y empleando esas advertencias, con ánimo libidinoso y con intención de satisfacer sus instintos más básicos» fue escalando en sus abusos y lo que comenzó como caricias entre los 8 y 9 años de edad, a los 12 años se convirtieron en masajes por todo el cuerpo y de ahí pasó a las agresiones sexuales.

Para ello, el acusado aprovechaba los entrenamientos de los sábados que se llevaban a puerta cerrada en el gimnasio con la única presencia de víctima y agresor.

Toda esta situación ha llevado a que la joven «sufra trastorno mixto ansioso depresivo, así como trastorno de estrés postraumático diferido, precisando de asistencia psicológica desde octubre de 2016» cuando ya contaba con 20 años.

El Ministerio Fiscal ha calificado los hechos como un delito continuado de agresión sexual a menor de 16 años y otro delito continuado de agresión sexual. Por ellos reclama que se le imponga penas de cárcel que suman 21 años de prisión, además de 15 años de prohibición de comunicarse y acercarse con la víctima por encima de las penas de prisión y 16 años de libertad vigilada.

Asimismo, el Ministerio Público pide que se impongan 30 años de inhabilitación especial para el ejercicio de cualquier profesión, oficio, o actividades, sean o no retribuidas, que conlleve contacto regular y directo con personas menores de edad.

En concepto de responsabilidad civil, se le reclama que indemnice a la víctima en 5.100 euros por los daños físicos, en 4.500 euros por las secuelas y en 30.000 euros por los morales.

El juicio se celebrará en la Audiencia de Jaén el próximo 25 de febrero. Esta semana ya hubo un primer intento para la celebración de la vista, pero hubo que suspenderlo por la indisposición de un perito.